Intento fallido de liberar la caseta de cobro Playas de Tijuana-Rosarito

Por Juan Pablo Sebastián

En un primer intento fallido, la caseta de cobro que por decretó liberó el gobernador del estado Jaime Bonilla Valdez la tarde del martes 7 de julio, fue tomada nuevamente por la Federación la madrugada del jueves 9 de julio con el apoyo de la Guardia Nacional, Policía Federal elementos militares, reanudándose el cobro de peaje a los automovilistas.

En un comunicado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) señalaron que “el decreto viola la Constitución y diversas leyes federales, invadiendo la competencia y atribuciones exclusivas del Ejército Federal, por conducto de la SCT, para otorgar concesión y permisos, para explotar, construir y operar carreteras federales y autopistas, así como vigilar técnicamente su funcionamiento, operación y el cumplimiento de las disposiciones legales respectivas”.

Al anunciar la liberación de la caseta el martes 7 de julio, el gobernador Jaime Bonilla Valdez señaló que fue un compromiso entre él y el presidente Andrés Manuel López Obrador, en tanto que funcionarios estatales recordaron que esta acción fue consecuencia de la nula respuesta de CAPUFE a la petición del Gobierno del Estado.

Tras el acto simbólico de liberación (que entraría en vigor al día siguiente) y en el que estuvo presente el Fiscal General del Estado Guillermo Ruiz Hernández y ciudadanos que apoyan la medida, agentes de la Guardia Estatal se quedaron resguardando el inmueble.

En las primeras horas del 9 de julio, elementos de la Policía Federal, Guardia Nacional y un destacamento militar, arribaron al sitio para reclamar las instalaciones y entregarlas a CAPUFE, transcurriendo el proceso sin fricciones ni sobresaltos.

Autoridades estatales anunciaron que esperarían el regreso del gobernador Jaime Bonilla Valdez de la Ciudad de México, para emitir un  posicionamiento sobre este nuevo conflicto que probablemente se dirimirá en tribunales, pues se dijo que la SCT preparaba una denuncia en contra del gobierno del estado por daños, interrupción y deterioro de la autopista, en base a la Ley de Vías Generales de Comunicación.