En tanto que el Ayuntamiento de Rosarito anunció una revisión jurídica de los predios comunitarios de la colonia Morelos (centro de salud, canchas deportivas y centro comunitario) que particulares reclaman como suyos, personas fundadoras de la comunidad han dado a conocer documentos históricos que podrían avalar la posesión pública de los predios.
Uno de estos documentos data del 26 de julio de 1996 y está firmado por la Coordinadora Agraria del Estado de Baja California, dirigida por la entonces dirigente nacional de “CONSUCC” Guadalupe Martínez Cruz.
El documento lanza una advertencia para el señor Federico Juan Qui, de la familia que actualmente se dice dueña de estos predios.
El documento establece que el señor Federico Juan Qui bajo ningún motivo puede estar ofreciendo regularizar y mucho menos asignar en venta los lotes que se han conformado en el polígono denominado José María Morelos y Pavón del nuevo Municipio de Rosarito, B.C.
Incluso advierte que, “de proceder en su actitud, Federico Juan Qui puede ser demandado en primer lugar en la Coordinación Agraria, independientemente de ser utilizada por la vía penal.
Esto, en virtud de que la Secretaría de la Reforma Agraria es la única instancia regularizadora de la tenencia de la tierra.
Sobre el tema, el subsecretario de desarrollo y servicios urbanos Samuel Vidaña Burriel, informó que la alcaldesa Rocío Adame Muñoz, instruyó llevar a cabo una revisión técnico jurídica para conocer la situación jurídica de estos predios y en base a ello poder tomar las acciones legales pertinentes.
“La instrucción de la presidenta es hacer un análisis jurídico documental. La premisa es que el interés de unos cuantos no puede estar por encima del bien de muchos, en este caso, de la comunidad que está solicitando la certeza de estos bienes y en ese sentido estamos trabajando en ese diagnóstico, dependencias como Catastro, Bienes Inmuebles, y la Consejería Jurídica”.
Refirió que el poblado Morelos, así como algunas otras colonias de la ciudad, están en proceso de regularización, sin embargo, adelantó que las revisiones documentales dan cuenta que el Ayuntamiento tiene la posesión legal de estos predios.
“La instrucción de la alcaldesa Rocío Adame es beneficiar el bien común”, reiteró.
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