El lema de un gobierno que dice no tolerar la corrupción, no mentir y no traicionar, dista mucho de cumplirse para arrendadores y operadores de maquinaria pesada.
Nada ha cambiado para ellos con el nuevo gobierno. Por el contrario, las prácticas de corrupción en ciertas esferas del poder público se han institucionalizado.
Muestra de ello son las extorsiones de la Policía Federal que han tratado de combatir desde gobiernos pasados.
Lejos de terminar con el gobierno actual, se han incrementado.
Durante las campañas políticas pasadas, propietarios y operadores de maquinaria pesada solicitaron a los candidatos atender esta problemática y gestionar ante las autoridades federales, particularmente la SICT y la Guardia Nacional, para erradicar estas viejas conductas nocivas para el desarrollo económico de la ciudad.
De acuerdo con representantes de este importante sector económico, con el actual gobierno se “institucionalizaron” los pagos de hasta 3 mil pesos mensuales a la Guardia Nacional para poder circular su maquinaria pesada por carreteras “federales”.
Estos pagos se suman a la insostenible carga de impuestos federales y locales que mantienen al borde de la quiebra a muchas empresas de renta de maquinaria pesada.
Tal parece que a las autoridades actuales no le importan las fuentes de empleo que estas pequeñas empresas generan a nivel municipal, pues lejos de reducir la carga económica de impuestos, promueve conductas nocivas para el desarrollo económico que tanto criticaron en el pasado.
Mientras los propietarios de unidades pesadas luchan por conservar sus fuentes de empleo en beneficio de muchas familias rosaritenses, dependencias federales como la Guardia Nacional y la SICT se han vuelto un obstáculo para ellos.
Pagar tres mil pesos mensuales a la Guardia Nacional por usar las carreteras federales es cada vez más insostenible considerando que la actividad en el sector de la construcción es muy baja.
“Si hubiera trabajo permanentemente no tendríamos problemas en pagar ese dinero, pero la situación está muy mal y encima tenemos una carga de impuestos que no se detienen, IMSS, INFONAVIT, permisos, sueldos de empleados, mantenimiento de la maquinaria”, expuso uno de los denunciantes.
Agregó que han venido solicitando a las autoridades locales gestionar ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, modificar los criterios para la expedición de permisos a las unidades pesadas.
Esto es porque actualmente los permisos sólo se otorgan a maquinarias de modelos 2017 en adelante.
Los modelos anteriores no aplican para estos permisos, lo que dificulta su operación en carreteras federales y los hace vulnerables a pagar las extorsiones policiacas.
A decir de los denunciantes, la situación económica no está para renovar sus unidades por modelos recientes que son muy costosos, pero eso no los exime de darles el mantenimiento adecuado a las unidades que tienen.
A pesar de tener unidades de modelos 2017 hacia atrás, algunos propietarios realizan grandes erogaciones de recursos para mantenerlas en buen estado, pues saben que es la fuente de empleo y alimento para ellos y muchas familias que dependen de la actividad.
Sin embargo, estos criterios sociales no han sido entendidos por autoridades federales que siguen cerradas y sin atender sus demandas.
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