Exponen expertos Riesgos fiscales por destruir inventarios sin avisar al SAT

No cumplir con los protocolos fiscales para deshacerse o dar de baja inventarios obsoletos e inservibles, puede traer consecuencias para las empresas.

En una exposición ante el Colegio de Contadores Públicos de Baja California, representantes de la oficina Tijuana de la red de contadores públicos y consultores BDO, expusieron la importancia de conocer los “Efectos fiscales de la destrucción de inventarios”.

Aunque parezca simple, deshacerse de inventarios obsoletos, sin demanda o caducos, es un tema relevante tanto para empresas manufactureras y maquiladoras, como para comerciantes o distribuidores que manejan grandes volúmenes de mercancía.

“Hay ocasiones en que las compañías encuentran en el valor de sus inventarios motivos suficientes para destruirlos o darlos de baja por obsolescencia, por lo que es importante conocer la mecánica que exige la autoridad fiscal para que esa destrucción tenga efectos fiscales válidos”, señaló.

El director detalló que uno de los pasos fundamentales es notificar previamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT), informando el tipo de bienes, su valor contable y la naturaleza de la baja, además de seguir un protocolo que permita a la autoridad verificar que la destrucción se lleve a cabo correctamente.

En ese sentido, indicó que, en algunos casos, cuando los bienes todavía son aptos para el consumo humano, existe la opción de donarlos a instituciones autorizadas, aunque el proceso puede implicar retos logísticos y administrativos.

“Cuando se detecta mercancía que ya no se moverá o que ha caducado, el contribuyente debe actuar de forma proactiva, notificar a la autoridad y esperar el acuse correspondiente para poder proceder conforme a la normatividad”, apuntó. 

Uno de los errores más comunes entre las empresas es no atender los tiempos y requisitos establecidos para este tipo de operaciones, lo que puede complicar la deducción fiscal de dichos inventarios.

Para finalizar, recomendó a los contribuyentes buscar asesoría especializada o una segunda opinión profesional para verificar que se cumplan todos los requisitos establecidos por la legislación fiscal y así evitar contingencias con la autoridad.