Pese a estar prohibidos por normatividades ambientales y de protección animal, los caballos en la playa con fines de lucro siguen operando con “anuencias” del gobierno municipal, sin cumplir con las medidas básicas para evitar la contaminación de la playa.
Recientemente, la gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, envió una iniciativa para prohibir el uso de caballos para la tracción de calandrias con fines de lucro.
La iniciativa tiene como premisa combatir el maltrato animal, luego de que un caballo que era utilizado para jalar una calandria en Ensenada, falleció a causa del cansancio.
Aunque la reforma se enfoca directamente en los caballos utilizados para jalar calandrias u otros vehículos, expertos aseguran que también aplica para cualquier tipo de maltrato de los caballos, incluyendo aquellos que son utilizados en la playa para paseos de turistas.
“Se requiere ver la forma en que son utilizados los caballos en la playa, si están debidamente cuidados y si los dueños cumplen con todas las normatividades no solo de cuidado del animal, sino también ambientales”, comentaron expertos en referencia a la limpieza de su lugar de trabajo y al correcto retiro de los desechos que los caballos van dejando a su paso.
“Tengo entendido que ya se les ha pedido a los dueños implementar medidas para evitar la contaminación de la playa y evitar riesgos de accidentes a los turistas, así como proteger del cansancio extremo a los caballos. Por lo que vemos en las playas, no están cumpliendo cabalmente con la parte que les corresponde”, comentaron expertos en el tema legal de protección animal.
De acuerdo con ex funcionarios de primer nivel, estrictamente están prohibidos los caballos en la playa, por eso la SEMARNAT no ha emitido ningún permiso o anuencia para este giro.
El Ayuntamiento les ha permitido operar con “anuencias” y algunos llevan más de 40 años trabajando así, justificando que se trata de una fuente de empleos y “tradición”, lo que ha llevado a un descontrol de la playa por la gran cantidad de caballos que son usados para fines comerciales.
“Ambos gobiernos tienen responsabilidad, porque los dos tienen injerencia en este tema, a los dos les corresponde regular la playa si están coordinados. Los dos son responsables de hacer cumplir las normatividades ambientales y de protección animal”, agregaron.
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