Por Juan Pablo Sebastián
El Comité Pro Municipio solicitó por escrito a la Alcaldesa Araceli Brown Figueredo, una petición de apoyo en el tema de límites territoriales, para que a nombre de Rosarito como municipio afectado por el conflicto territorial con Ensenada, presione ante el Gobierno del Estado y el Congreso del Estado, seguimiento al proceso legal que se dirime en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En la sesión de cabildo celebrada el jueves 13 de octubre en la primaria Plan Libertador, representantes del Comité Pro Municipio hicieron entrega de un oficio donde exponen la problemática y solicitan apoyo.
En este oficio recuerdan que el 3 de enero del 2020, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el decreto 15 de la XXIII Legislatura del Congreso del Estado, por el cual se creó el Estatuto Territorial de los Municipios de Baja California, que vino a ratificar los límites originales entre Rosarito y Ensenada.
La expedición del decreto fue en atención a una orden que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto a la Controversia Constitucional 82/2016 de enero del 2019, en la cual declaró fundamentada la omisión del Congreso del Estado por no expedir el llamado Estatuto Territorial.
“Es importante el hecho de que este decreto viene a resolver un problema añejo sobre los límites de los municipios, pero aún más importante, que también se ratifican los límites del estado Baja California”, indica el documento.
El gobierno de Ensenada se inconformó con este decreto e interpuso demandas de controversia constitucional, impugnando el Estatuto Territorial de los Municipios de Baja California.
“Existen dos demandas de controversia constitucional ante la SCJN bajo expedientes 15/2020 y 16/2020 que fueron interpuestas por el Ayuntamiento de Ensenada en febrero del 2020, contra el Congreso del Estado, el Gobernador y el Secretario de Gobierno del Estado, siendo los Ayuntamientos de Rosarito y Tijuana los terceros afectados por los territorios”, precisa el documento.
Actualmente estas demandas se han quedado estancadas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que los afectados solicitan la intervención del gobierno de Rosarito para que ejerza presión ante el Congreso del Estado y Gobierno del Estado a efecto de que se dé seguimiento a la demanda.
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