Por Juan Pablo Sebastián
A puerta cerrada y con un fuerte dispositivo de seguridad que impidió la entrada a reporteros, al menos 16 diputados del Congreso del Estado sesionaron de manera extraordinaria en el salón usos múltiples del Palacio Municipal el martes 23 de julio, entre fuertes críticas de activistas y algunos legisladores que consideraron ilegal la sesión.
El principal punto fue declarar la validez de la reforma que amplió de dos a cinco años el mandato del Gobernador electo Jaime Bonilla Valdez, respondiendo así Congreso de la Unión que a través de un exhorto pidió dejar sin efectos el decreto 112 expedido por el Congreso del Estado.
La Diputada Eva María Vázquez Hernández, quien no votó a favor de la reforma, denunció que el proceso para la sesión en Rosarito fue ilegal, pues como Presidenta de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) era la facultada para convocar, lo cual no sucedió, pues en una reunión de trabajo celebrada un día anterior en Ensenada, los diputados la destituyeron y nombraron en su lugar a la Diputada por el Partido del Trabajo Claudia Agatón Muñiz.
“De manera completa y absolutamente ilegal el día de ayer (lunes) se llevó a cabo una reunión de diputados que pretendieron darle carácter de sesión de la JUCOPO, lo cual es absolutamente ilegal, dado que la presidencia la tengo yo y no convoqué”, declaró a reporteros en las afueras del Palacio Municipal antes de ingresar al recinto de la sesión.
También denunció que su destitución fue consecuencia de estar en contra de validar el decreto para ampliar la Gubernatura a 5 años.
Mientras la sesión se desarrollaba, medios de comunicación y uno que otro activista presionaba en la entrada del Palacio Municipal exigiendo el acceso a los elementos de seguridad.
Condenando la restricción a la libertad de expresión y el cierre del recinto público, los regidores Mario Enrique Hernández Martínez y Miguel Apolinar Calles Muñoz salieron con los reporteros para unirse a su exigencia de ingresar, acusando a la alcaldesa Mirna Rincón Vargas de ser partícipe de estas violaciones a los derechos ciudadanos y de transparencia.
Mario Enrique preguntó a uno de los escoltas quién había dado la orden de impedir el paso a reporteros y estos respondieron que su jefe inmediato, en referencia, según el regidor Mario Enrique Hernández Martínez, al ahora “Director de Reglamentos” Carlos Espinoza Torres.
Debido a que antes de ser nombrado como tal, Espinosa Torres fungía como jefe de escoltas de la Alcaldesa, lo acusaron de incurrir en usurpación de funciones, por dar órdenes en la Policía y al mismo tiempo en la Dirección de Inspección y Verificación.
Tras las presiones, finalmente los reporteros y activistas lograron ingresar al Palacio Municipal, pero solo llegaron a la puerta de la sala de Forjadores, donde el equipo de seguridad de Presidencia se los impidió.
Los reporteros trataron de ingresar a la fuerza, empujando incluso las puertas de cristal, pero los escoltas mandaron a traer refuerzos quienes finalmente evitaron que se armara un zafarrancho.
En la escena estuvieron representantes de la dirigencia estatal y municipal del PAN, así como el ex alcalde Silvano Abarca Macklis quienes condenaron las ilegalidades en que incurrieron los diputados para avalar una reforma que atenta contra la democracia.
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