Empresarios tras cancelación del proyecto: Escasez de agua fue falsamente vendida por el gobierno de Kiko Vega para justificar la desalinizadora

Por Juan Pablo Sebastián

La cancelación de la planta desalinizadora puso al descubierto que el proyecto era más bien un negocio del gobierno anterior y no un beneficio para la población.

Empresarios locales coincidieron que la decisión de cancelar el contrato con los inversionistas, dejó muy mal parados a los políticos que impulsaron férreamente el proyecto, pues evidenció que la escasez de agua fue falsamente vendida por el gobierno de Kiko Vega para justificar la desalinizadora.

“Desde el principio se habló de una escasez de agua en el Estado, de que no alcanzaban los convenios para abastecerse  del Río Colorado con la participación del agua internacional. Varios miembros del Congreso no estuvieron de acuerdo porque tenían datos de que el agua sí alcanzaba perfectamente para el abastecimiento.

Ahora con esta postura del gobierno actual de reconocer que no era necesaria la desaladora, deja muy mal parados a los políticos que afirmaban lo contrario, quedando al descubierto que era  más bien un interés personal que de provecho para la sociedad”, sostuvieron empresarios.

En 2016, el gobierno de Acción Nacional celebró el contrato con la empresa inversionista en la modalidad de Asociación Publica Privada.

Con este contrato, el Gobierno del Estado se comprometía a adquirir deuda de por lo menos 149 millones de pesos.

El contrato establecía que el gobierno estatal tendría que comprar 173 millones de pesos mensuales de agua, durante los próximos 37 años, lo que desató una serie de protestas y manifestaciones por el endeudamiento de las finanzas públicas.

En 2018, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid encabezó la ceremonia protocolaria de colocación de la primera piedra en el terreno que la empresa adquirió colindante a la zona de producción energética de PEMEX y CFE.

Sin embargo, el proyecto nunca inició su construcción formal ni fue cerrado financieramente el convenio, tras los rechazos ciudadanos que acusaban un negocio entre la empresa inversionista y el gobierno de Kiko Vega.

En este terreno, la empresa declaró en su momento que había invertido 50 millones de pesos, pero que en caso de no llevarse a cabo el proyecto, demandaría al Gobierno del Estado por al menos el doble.

El Secretario del Agua en Baja California Salomón Faz Apodaca, declaró que la cancelación fue por inviabilidad financiera y la elevación en la cotización peso-dólar que incrementaría extraordinariamente el proyecto.