Empresa española construirá planta desaladora de Rosarito

A 8 años de que el entonces gobernador Francisco Vega de Lamadrid colocó la primera piedra de un proyecto para la construcción de la desaladora, que más se quedaría truncado en medio de opacidades y diversos señalamientos, la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) dio a conocer los nombres de las empresas que ganaron la licitación para la construcción de la Planta Desaladora y planta de bombeo Rosarito.

La empresa española Cox Energy S.A.B. de C.V., en coparticipación con su filial Cox Water, S.L., serán las encargadas de llevar a cabo este novedoso proyecto impulsado por el gobierno federal.

Información obtenida en diversas fuentes revela que la empresa Cox Energy fue fundada por Enrique Riquelme en 2014 en Madrid, con el nombre de Cox Energy Solar.

En 2020 comenzó a cotizar en la Bolsa Institucional de Valores de México, convirtiéndose en la primera compañía de energía solar fotovoltaica que salía al mercado de valores en Latinoamérica y en 2023 también comenzó a cotizar a través de un dual listing en el mercado español. 

En 2024 se anunció el lanzamiento de su nueva marca e identidad corporativa como Grupo Cox. 

En noviembre de ese mismo año sale a Bolsa bajo la denominación COX G.

En 2025 se unió a la empresa emiratí AMEA Power, que adquirió una participación del 3,76 % durante la Salida a Bolsa de Cox y con la que ha desarrollado inversiones en las zonas de Oriente Medio y África, como la desaladora de agua de mar en la península de Mussulo de Angola con una capacidad de 100 000 m³/día. 

En octubre de 2025 Cox celebró su primer Capital Markets Day, donde presentó su plan estratégico hasta 2028, que contempla invertir hasta 5000 millones en las regiones de México, Panamá, Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Brasil, África, Oriente Medio y España.

En cuanto a la empresa Cox Water, información pública refiere que es la división especializada en el ciclo integral del agua de la empresa global Grupo Cox.

Ambas empresas se enfocan en tecnologías de desalación, tratamiento de aguas residuales, agua potable e infraestructura hídrica, gestionando proyectos de gran escala a nivel internacional. 

En un comunicado oficial, el secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua, Víctor Daniel Amador Barragán, señaló que el fallo representa un avance importante para la consolidación de este proyecto estratégico de interés nacional, que contribuirá a fortalecer la disponibilidad de agua para la zona costa del estado, particularmente para los municipios de Tijuana y Playas de Rosarito, así como parte de Ensenada. 

“Desde el Gobierno de Baja California estaremos dando seguimiento puntual a cada una de las etapas de este proyecto, en coordinación con la CONAGUA y el Gobierno Federal, para que continúe avanzando conforme a lo establecido y se concrete una obra de gran importancia para la seguridad hídrica de nuestra entidad”, expresó Amador Barragán. 

El contrato contempla un monto total de 5 mil 291 millones 565 mil 898.31 pesos más IVA. 

Del cual, el monto del precio alzado corresponde a la cantidad de 2 mil 176 millones 242 mil 008.77 pesos más el Impuesto al Valor Agregado.

El monto a precios unitarios corresponde a la cantidad de 3 mil 115 millones 323 mil 889.54 pesos más el Impuesto al Valor Agregado. 

Así mismo, se establece un plazo de ejecución de mil 096 días naturales, de acuerdo con el documento emitido por la CONAGUA. 

Cabe recordar que los planes para la construcción de una planta desaladora iniciaron durante el gobierno de Kiko Vega en 2016 con la firma del contrato con la empresa Aguas de Rosarito.

En 2018 se realizó la colocación de la primera piedra en un predio ubicado cerca de la zona de CFE.

El proyecto inicial enfrentó protestas ciudadanas por la opacidad y falta de información sobre los efectos ambientales y las condiciones del contrato.

Se hablaba incluso que el proyecto dejaría embargada a la entidad durante los próximos 37 años.

Aunque Kiko Vega lo negó insistentemente, pesaban las acusaciones de que el principal objetivo de esta planta desaladora era venderle agua a Estados Unidos.

Posteriormente, el gobernador Jaime Bonilla Valdez decidió suspender el proyecto, toda vez que ofrecía tecnología obsoleta, era inviable financieramente y ocasionaría graves daños a la ecología marina, surgiendo conflictos legales con la empresa Aguas de Rosarito, que ya había iniciado los primeros procesos para la ejecución del proyecto.

En su momento, Salomón Faz Apodaca, Secretario del Agua en Baja California, confirmó la cancelación del contrato debido a la elevación de costos en la construcción.

En una entrevista con Proceso, Milton Rubio, representante de la empresa Aguas de Rosarito, filial de Consolidated Water, empresa especializada en la construcción de desalinizadoras en el mundo y con sede en Islas Caimán, advirtió que, de cancelarse el proyecto, demandaría al gobierno del estado con por lo menos 100 millones de dólares. 

En la entrevista, Milton Rubio dijo que la empresa Consolidated Water, llevaba invertidos 50 millones de dólares, tan solo en la compra del terreno, el pago del proyecto, la inversión en los derechos de vía, la elaboración del Manifiesto de Proyecto Ambiental, y otros elementos. Si se cancela el proyecto, adelantó en aquella ocasión: “los demandaré por lo doble de lo invertido porque hay un contrato firmado”. 

Posteriormente, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda decidió retomar el proyecto de la planta, pero bajo un nuevo esquema justo, beneficioso para los ciudadanos y sin comprometer las finanzas públicas, destacando la imperante necesidad de agua en Baja California.

El proyecto fue avalado por la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo quien, en una visita a Rosarito en 2024, anunció esta obra como parte del Plan Hídrico Nacional 2024–2030 para abastecer de agua a Tijuana, Rosarito y parte de Ensenada.

Tras varios meses de espera en las licitaciones, finalmente la semana pasada se emitió el fallo de la empresa que será la encargada de construir esta moderna infraestructura hídrica.