Por Juan Pablo Sebastián
El Ayuntamiento de Rosarito a través del Departamento de Acciones de Urbanización, emplazó a los fraccionadores de Caracoles del Mar, Gerardo Ignacio Méndez Martínez y Julia Martínez Vázquez, para atender una vieja demanda de energía eléctrica o de lo contrario serán sujetos a la clausura de sus actividades comerciales.
El procedimiento es en atención a los vecinos afectados quienes desde la creación del fraccionamiento han venido sufriendo la carencia de este servicio, pese a que el Fraccionador lo prometió en los contratos de compra-venta de predios.
Los vecinos afectados denunciaron que durante todos estos años los han traído en promesas.
El último engaño fue en agosto del 2018 cuando el Fraccionamiento prometió iniciar con el proyecto de electrificación para aquellos vecinos que aún no tienen el servicio (alrededor de 50), pero no cumplió, haciéndose acreedor a multas por parte del Departamento de Acciones de Urbanización.
El 12 de marzo del presente año los vecinos enviaron un oficio directamente a la alcaldesa Mirna Rincón Vargas, pidiéndole su intervención para solucionar el problema.
Pese a que el servicio de energía eléctrica corresponde suministrarlo a la CFE, es responsabilidad del Fraccionador costear el gasto de instalación y postes, por lo que el proyecto se debe llevar a cabo de manera coordinada, según informó el Jefe de Acciones de Urbanización, Marco Aurelio Castañeda García.
En atención a la demanda de vecinos, la dependencia emitió un nuevo requerimiento a los Desarrolladores el pasado 3 de abril, dándoles un plazo de 5 días hábiles para iniciar con las acciones de suministro de energía eléctrica o de lo contrario será sujetos a procedimientos de clausura.
De acuerdo con Castañeda García, una de las condiciones de la CFE para la instalación de los medidores, es que los espacios donde van a estar ubicados se encuentren limpios de maleza y basura, lo que no ha podido hacer el Desarrollador.
Mientras tanto, los vecinos analizan interponer las demandas de tipo judicial por fraude en contra del fraccionamiento por incumplimiento de contrato.
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