Tomado del Zeta
El 23 de marzo, el gobernador Francisco Vega de Lamadrid, los alcaldes de Tijuana y Rosarito, empresarios y hasta el presidente del Tribunal Superior de Justicia, se apersonaron en el predio del Ejido Mazatlán de Rosarito, para colocar la primera piedra del proyecto de desalinizadora.
Al término del acto, el mandatario eludió a la prensa diciendo que no daría ninguna declaración “sobre esta noticia (embargo), ni de ningún otra”, mientras que, abordados por ZETA, funcionarios como el secretario de Gobierno, Francisco Rueda Gómez y Milton Rubio, director de la empresa aguas de Rosarito, se limitaron a contestar que no habían sido notificados del embargo, cuando no tienen por qué serlo, pues no son socios.
Sin embargo, el titular del TSJE, Salvador Juan Ortiz Morales, dijo que si sabía del embargo. Gracias a la información que se publicó en este Semanario, acepto, tuvieron noticia de ello y “reviso” el asunto, destacando que se trata solamente de una situación del ámbito privado, de la cual tendrán que esperar la respuesta de los aludidos.
Milton Rubio señalo que no hubo ningún engaño hacia el empresario Gough Thompson y lo que paso fue que este no pudo tener dinero cuando se le pidió que aportara su parte, por lo tanto, sus acciones fueron vendidas y del 25% que tenía, ahora solo dispone del 1%, por lo que esperaran a lo que decida la juez para determinar si les tocara pagar o saber que procede.
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