Cayó como un “cubetazo de agua helada” para los rosaritenses, la concesión aprobada por el Gobierno de Baja California para construir y operar el primer carril confinado en el corredor vial Tijuana-Rosarito, conocido como el bulevar 2000.
La declaratoria de necesidad, impulsada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue publicada el pasado viernes 17 de enero en el Periódico Oficial del Estado de Baja California.
Esta medida contempla otorgar una concesión para el uso, aprovechamiento y explotación de bienes de dominio público con el fin de construir, operar, mantener y administrar un carril confinado en el Corredor 2000 Tijuana-Rosarito, que abarcará del kilómetro 0+000 al kilómetro 12+000.
Ante ello, desde la máxima tribuna en la entidad, la diputada Yohana Sarahí Hinojosa Gilvaja, presentó un exhorto al titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenamiento Territorial, Ingeniero Arturo Espinoza Jaramillo, para reconsiderar la concesión de un tramo del bulevar 2000 en Tijuana.
En su propuesta sugirió realizar una consulta con la población antes de tomar una decisión definitiva, para escuchar las inquietudes ciudadanas y garantizar que la medida no afecte la economía de los residentes de la zona.
El cobro proyectado de entre 44 y 55 pesos por circular en el carril confinado impactaría directamente a miles de familias de la zona este de Tijuana, donde la mayoría de los habitantes son trabajadores que dependen de esta vialidad para trasladarse a sus empleos.
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