Deuda estatal podría superar los 23 mil MDP al terminar la actual administración

Disciplina fiscal, transparencia y planeación estratégica es lo que requiere el endeudamiento autorizado por el Congreso del Estado para obras complementarias de distribución de agua de la planta desaladora.

En opinión de expertos, este nuevo endeudamiento exige una evaluación responsable del impacto acumulativo de la deuda estatal y sus repercusiones en la estabilidad financiera de Baja California, que hasta ahora no han quedado claras.

Mientras el gobierno del estado insiste en que el crédito no comprometerá las finanzas públicas ni repercutirá en incrementos en el consumo de agua para los ciudadanos, especialistas advierten de una posible “reducción del margen de maniobra fiscal ante escenarios económicos adversos”.

Cabe recordar que el Congreso de Baja California autorizó contratar una deuda de casi 3 mil millones de pesos ($2,960 MDP) para obras de conducción de la planta desalinizadora en Playas de Rosarito, 2,686 millones de pesos se destinarán a infraestructura relacionada con la red de distribución de la desaladora de Rosarito y hasta 270 millones al Sistema Integral Macro Distribución de Agua Potable en San Quintín, además de incluirse un fondo de reserva equivalente a un mes de servicio de deuda.

Este financiamiento a 30 años busca garantizar el abasto de agua en la zona costa, con un periodo de gracia que iniciará pagos al finalizar la administración actual en 2027. 

El costo financiero total proyectado es de 9,778 millones de pesos, de los cuales, 6,818 millones corresponden exclusivamente a intereses.

De acuerdo con el sector empresarial de Tijuana, “por cada peso solicitado se pagarán aproximadamente 3.3 pesos al concluir el periodo estimado en 2056, lo que obliga a evaluar con rigor la sostenibilidad financiera de estos compromisos”, sostuvo el presidente del CCE de Tijuana Roberto Lyle Fritch, al exponer un análisis sobre el endeudamiento estatal.
La fuente de pago será el Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal (ISN), cuya tasa actual es de 4.25 %, misma que en noviembre de 2022 aumentó de 3 a 4.25 %, lo que representa un incremento de 1.25 puntos porcentuales y un alza relativa de 41.6 % en la carga tributaria sobre la nómina.
Expertos aseguran que, al comprometerse como fuente de pago a 30 años, parte de este ingreso queda estructuralmente destinado al servicio financiero, reduciendo el margen de maniobra fiscal ante escenarios económicos adversos.

Entre el 12 y 19 de diciembre de 2025, se contrataron cinco créditos de corto plazo por un monto acumulado de 3,150 millones de pesos con BanRegio, Santander y BBVA, todos con vencimientos programados en 2026, lo que incrementa la presión inmediata de liquidez.

Adicionalmente, existen obligaciones por 2,200 millones de pesos para obras hídricas con plazo de 12 años y 1,315 millones para infraestructura vial bajo esquemas plurianuales de aproximadamente 144 meses entre 2027 y 2039, por lo que la deuda estructural considerada asciende a 6,475 millones de pesos y podría superar los 23,483 millones al cierre de la actual administración.