Por Juan Pablo Sebastián
Choferes de taxis metropolitanos aseguraron estar siendo víctimas de abusos por parte de inspectores de transportes municipales, quienes con el argumento de que no tienen permisos para trabajar, les remolcan sus vehículos.
Los denunciantes acusaron que detrás de esta persecución hay fuertes intereses económicos, pues por recuperar un vehículo han tenido que pagar más de 10 mil pesos.
Señalaron que se trata de una práctica de represión a todas luces ilegal, de un gobierno municipal que está desconociendo las concesiones que les entregó el anterior gobierno del estado encabezado por Jaime Bonilla Valdez.
Recordaron que llevan más de dos años trabajando sin ningún problema sus concesiones de taxis metropolitanos, pero en las últimas fechas vienen siendo objeto de lo que pareciera ser una cacería de brujas.
Los inspectores de transportes municipales buscan cualquier pretexto para abordarlos y cuando les revisan sus documentos, les remolcan sus vehículos porque para ellos los permisos con los que están trabajando no son válidos.
Uno de los choferes afectados recientemente fue Cornelio, a quien los inspectores de tránsito lo abordaron cuando estaba trabajando su taxi metropolitano y le remolcaron su vehículo.
A diferencia de otros choferes que han preferido pagar para evitarse problemas y vueltas, Cornelio puso su queja y se dispuso a darle seguimiento, manteniéndose firme en su postura de que el remolque fue ilegal.
Después de varios días de proceso, finalmente la resolución salió a su favor y le reconocieron su permiso, por lo que pudo recuperar su taxi remolcado sin necesidad de pagar un solo peso.
Sin embargo, el problema es que se trata de una práctica recurrente que les quita días de trabajo a los taxistas metropolitanos.
“No podemos estar a cada rato interponiendo quejas. Nosotros somos los que perdemos porque nos quitan días de trabajo, son días que necesitamos para sacar dinero y pagar las letras de nuestros vehículos”, sostuvo el denunciante.
Al igual que los demás taxistas, dijo desconocer el verdadero trasfondo de esta práctica ilegal, pero no descarta que lo único que busca el gobierno municipal es generar ingresos a costa de los abusos y la represión.
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