Por Juan Pablo Sebastián
En tanto que el recién creado Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) se desgasta entre protestas y promesas incumplidas, transportistas rosaritenses sostuvieron una reunión con la alcaldesa Araceli Brown Figueredo con el fin de solicitarle su gestión para regresar el transporte a los municipios.
Tal y como lo hicieron transportistas de Ensenada, los rosaritenses no se quedaron atrás e iniciaron las movilizaciones para convencer a las autoridades locales sobre la importancia de que los municipios vuelvan a tener el control del transporte.
La petición del gremio transportista local descansa en lo estipulado en el Artículo 115 constitucional, donde se establece que es facultad de los municipios formular e intervenir en los planes de movilidad y transporte.
Asimismo, alegan de un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre del 2020, por el cual se reformaron diversos artículos relacionados con la movilidad y el transporte público, para dar a los municipios la capacidad para emitir y promulgar planes y programas de transporte público y movilidad, “lo que redunda en la atribución de los municipios para prestar este servicio, toda vez que la autoridad municipal es el órgano de gobierno que tiene el contacto más cercano con la ciudadanía”, indica el documento.
Aunque la petición escrita no precisa el motivo, son del dominio público las afectaciones que están teniendo los transportistas durante el actual periodo de transferencia de facultades al Estado y las controversias que de ella se han derivado, dejándolos en el limbo y con la incertidumbre por no saber “si son de aquí o de allá”, pues es la fecha que la transferencia total no se concreta.
En Tijuana, el alcalde Arturo González Cruz abrió la posibilidad de regresar el transporte al municipio, en acato al decreto federal que así lo estipuló.
En su momento, diputados federales exhortaron al Congreso del Estado de Baja California para que reforme la Constitución Política del Estado y la armonice con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial, asimismo, se deroguen las disposiciones contrarias para garantizar la autonomía de los municipios en materia del transporte público.
Esto, por considerar que Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California transgrede el federalismo.
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