Demandan transportistas juicio político contra la alcaldesa Araceli Brown

Por Juan Pablo Sebastián

En un hecho histórico, transportistas rosaritenses demandaron al Congreso del Estado iniciar un juicio político en contra de la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, por actos graves y descarados de corrupción derivados de la expedición ilegal de más de 100 permisos de taxis.

Los permisionarios que firmaron la demanda son: Agustín Sánchez Sánchez, Cirilo Gallegos Quiñonez, Jaime Martín Maldonado Maldonado, Juan Vigil Amaro y Antonio Vigil Amaro. Todos ellos pertenecientes a la Sección 27 de la CTM en Playas de Rosarito.

Los denunciantes acusaron a la alcaldesa morenista de violar el artículo sexto transitorio del decreto relativo al Instituto de Movilidad del Estado, donde se prohibió a los Ayuntamientos autorizar o trasferir permisos o concesiones de transporte, hasta en tanto se concrete la Ley de Movilidad y Transporte del Estado.

Al margen de esta disposición, el Cabildo que encabeza la alcaldesa Araceli Brown Figueredo aprobó en una sesión 89 permisos de taxis, disfrazados de “transferencias”.

Aunque la acusada se defiende argumentando que sólo se atendió un mandato judicial de llevar a cabo la transferencia, los transportistas aseguran que esta acción encierra corrupción a todas luces, pues además de no seguir los procedimientos correctos para la autorización de los permisos, hubo tráfico de influencias e intereses políticos de por medio, pues se entregaron a personas que no tienen derecho, pues entre los beneficiados con estas concesiones hay familiares de líderes transportistas como Alfredo Amaro Mata y Jaime Ibarra Acedo quien hoy es Oficial Mayor del Ayuntamiento de Rosarito.

Afirmaron además que se trata de permisos nuevos y no trasferencias, pues la numeración no concuerda con la sucesión precedida de números económicos.

En su momento, la Dirección de Comunicación Social emitió un boletín donde informó que la alcaldesa Araceli Brown solo acató una orden judicial, derivada de un proceso legal que se litigaba desde hace años porque las administraciones pasadas no atendieron el tema.

Señaló incluso que el Ayuntamiento ya había recibido una amonestación por parte del Tribunal de Justicia Administrativa por esta omisión y que de no atender la orden, incurriría en desacato de una autoridad jurisdiccional.

El líder transportista y principal uno de los promotores de esta demanda, Juan Vigil Amaro, consideró que esta acción era necesaria ante el grado de cinismo y corrupción en que ha incurrido la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, al llevar a cabo acciones que perjudican a los legítimos transportistas, al margen de todas las disposiciones legales.

“Están pasando las cosas que afectan al transporte y todos se quedan callados. Nadie dice nada. Ya es hora que de alguien le ponga un alto a esta señora por todo lo que está haciendo mal y en perjuicio del transporte”, sostuvo el denunciante.