Decreta Congreso del Estado cárcel a choferes de transporte público o privado que trabajen sin permiso

Por Juan Pablo Sebastián

Los choferes del transporte público o privado que trabajen sin permiso, concesión o autorización del recién creado Instituto de Movilidad Sustentable del Gobierno del Estado, podrán ser sujetos de cárcel, incautación del vehículo y multa.

Esto, luego de que el Congreso del Estado aprobara el decreto número 77,  que modificó algunos artículos del Código Penal del Estado de Baja California para considerar como delito la transportación ilegal de pasajeros o de carga. Esto es que los choferes no cuenten con el permiso, concesión o autorización expedidos por la dependencia correspondiente.

La sanción privativa podrá oscilar entre los seis meses y dos años de prisión, mientras que la multa económica tendrá un rango entre las 300 y 800 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Esta iniciativa aplica para todos los taxis en sus diversas modalidades incluyendo aquellos que prestan servicio a través de plataformas digitales, entre estas Didi y UBER.

También se sancionará a las personas que dirijan, organicen, inciten, induzcan o patrocinen a otro u otros, a prestar el servicio público de transporte de manera ilegal.

Este delito se perseguirá de oficio y las sanciones van desde multas entre los 700 a 1000 UMAS, hasta pena privativa de la libertad de entre 3 a 6 años.

Los fundamentos de la iniciativa son principalmente garantizar la seguridad de los pasajeros y de los mismos choferes, toda vez que muchos taxis del transporte público o privado son utilizados para cometer actividades ilícitas.

Con esta iniciativa, todas las unidades de transporte deberán estar registradas y reguladas, además de que podrán estar ubicadas por la autoridad para poder actuar en caso de incidentes delictivos.

Otro fundamento es que la regulación del transporte permitirá erradicar vicios como los taxis piratas, los permisos clonados o falsificados unidades y la competencia desleal.

“En la entidad circula un considerable número de unidades sin contar con la concesión, permiso o autorización por la autoridad correspondiente, para prestar el servicio público o privado de transporte de pasajeros o de carga en los términos de ley, constituyendo con ella un riesgo a la seguridad de los usuarios, y generando una competencia desleal e ilegal para quienes de manera legítima son titulares de concesiones o permisos para prestar legalmente dicho servicio en sus distintas modalidades.

Con motivo de los malos manejos de las administraciones anteriores, el transporte público fue utilizado para actos de corrupción llevando aparejada la comisión de acciones ilegales, tales como la clonación de unidades de transporte emisión y falsificación de documentos públicos y privados, transporte de pasajeros y carga, sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente, motivo por el cual resulta fundamental proponer modernizar el marco jurídico no solo en materia de tránsito y vialidad que garanticen el debido servicio público, sino que además,  se establezcan las sanciones penales para quienes infrinjan la ley en perjuicio de la seguridad de la población”, indica un apartado de los fundamentos de la iniciativa.