Declara INE no vinculante la Consulta Popular debido a la poca participación

Por Delia Ruelas

Insuficiente fue la participación de la primera Consulta Popular que se llevó a nivel nacional el domingo 1 de agosto, por lo cual fue declarada como no jurídicamente vinculante, a pesar de que más de 9 personas de cada 10 que participaron, votaron a favor de enjuiciar a expresidentes por actos de corrupción.

Fue mínima la participación pues apenas llegó a un 7 por ciento de la participación de lista nominal de electores en México, 37.4 millones de 93.6 millones de personas, así que no se logró el 40 por ciento que se requería. Mientras que la participación en Baja California fue casi del 5 por ciento del padrón de ciudadanos en el estado, de acuerdo a los  datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

La pregunta ordenada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue: “¿Estás de acuerdo o no, en que lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasado por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Ya pasaban las 12 del mediodía y en la casilla ubicada en el Parque Diego Esquivel de la Colonia Lucio Blanco, ni siquiera cien personas habían ido a votar, en cambio los pocos que votaron lo hicieron por convicción y en apoyo al Presidente de México Andrés Manuel López Obrador, como lo hizo el señor Efraín Rangel, residente de la colonia Lucio Blanco.

“Esta es la primera vez que toman en cuenta al pueblo como democrático, yo creo que esto debería de hacerse más seguido para la toma de decisiones pues esto no solamente lo debe de hacer el presidente, debemos de apoyarlo, para que en realidad el pueblo sea el que manda y no los poderes”.

Durante la mañanera del Presidente Andrés Manuel López Obrador, consideró la consulta como un triunfo de la democracia a pesar de la nula votación, además de señalar de no descartar la posibilidad de investigar y procesar a expresidentes, siempre y cuando haya pruebas. “Esto no descarta la posibilidad de que haya juicios, la autoridad tiene en todo momento el derecho de actuar”.