Debe Ayuntamiento pagar más de dos MDP por demandas laborales perdidas

Por Juan Pablo Sebastián

Como una situación crítica definió el Director de la Coordinación Jurídica del VIII Ayuntamiento de Rosarito, Aquilino Hernández Hernández, el estado que guarda la dependencia en materia de juicios labores.

De seis cajas con expedientes (hasta ahora no contabilizados) que recibió de la administración anterior, hay al menos 10 juicios laborales  perdidos que deberán pagarse de inmediato si no se logran acuerdos con los demandantes.

Estos casos perdidos representan en dinero más de 2 millones de pesos.

Se trata de demandas laborales por despido injustificado que vienen principalmente de la administración de Silvano Abarca Macklis y Mirna Rincón Vargas, así como algunos otros del gobierno de Javier Robles Aguirre.

“En el asunto laboral la situación es crítica. El 30 de septiembre nos entregaron 6 cajas llenas de expedientes. Es información que estamos revisando para hacer nuestra estadística y emitir una postura sobre el desempeño de la dependencia anterior, pero por lo pronto tenemos diez casos en los que fuimos vencidos en juicio”, sostuvo.

Sin atreverse a emitir una acusación de omisión por parte del ex Director del Jurídico, José Palomino Castrejón, (quien ahora se desempeña en la Sindicatura Municipal), hasta en tanto tenga el análisis completo de los expedientes, dijo que han detectado algunos expedientes incompletos, que nunca se contestaron.

“En algunos casos viene una parte de la demanda y ya, pero no viene la contestación, no vienen las pruebas, no viene el laudo, entonces, pues es un expediente incompleto que tenemos que checar. Yo creo que si es mi trabajo y estoy haciendo esto diario, pues tengo que ver cuántos asuntos tengo, cómo se están moviendo, cuántos hay para sentencia, en cuántos ya hubo amparo, pero todo esto se debió haber tenido bien definido. De policías todavía no tenemos casos, pero nos van a llegar…”, añadió.

Anquilino Hernández Hernández es abogado por la Universidad Autónoma del Estado de México.

Cuenta con dos maestrías es Derecho Penal y Amparo impartida por la UAEM en coordinación con la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Su experiencia laboral se ha concentrado principalmente en materia civil, agraria, penal y amparo.

Ha sido catedrático en la materia de Amparo en el Cetys Universidad y antes de asumir el cargo se desempeñaba como abogado litigante particular.