El Director del Jurídico José Antonio Arroyo Sotelo.
Por Juan Pablo Sebastián
Alrededor de 80 millones de pesos es lo que tiene que pagar el Ayuntamiento por demandas laborales perdidas.
Algunas ya están concluidas y otras más en proceso pero sin ninguna esperanza legal para el Erario.
El Director del Jurídico José Antonio Arroyo Sotelo, precisó que todas estas demandas laborales se arrastran de administraciones pasadas y en su mayoría son por despido injustificado.
Muchos de estos juicios se perdieron por la falta de una defensa legal adecuada.
Destacó que hubo casos muy sencillos y fáciles de ganar pero se perdieron porque no hubo el más mínimo esfuerzo legal del Ayuntamiento, representado por el área jurídica de administraciones pasadas.
Entre estos casos está la demanda laboral que promovió una persona que fungió como “aviadora” en el IMDER y fue despedida injustificadamente.
El caso termino recientemente a su favor con el pago por indemnización de aproximadamente medio millón de pesos, aunque sin reinstalación, según informó en su momento el Tesorero Municipal Manuel Zermeño Chávez.
Otro caso más es el de la diputada local Rosina del Villar Casas quien demandó al IMDER por despido injustificado cuando al terminar la administración de Javier Robles Aguirre, no le pagaron el finiquito por los tres años que estuvo como “promotora del deporte”, labor que según sus compañeros, no sabía realizar en lo más mínimo.
Cabe señalar que Rosina del Villar como la mayor parte de los empleados de confianza del IMDER durante el gobierno de Javier Robles, demandaron al Ayuntamiento porque no recibieron su finiquito, debido a que no había dinero en las cajas para responder por esta obligación.
Para evitar que estos desgastes económicos pongan en riesgo la funcionalidad del Ayuntamiento en un futuro, el Director del Jurídico José Antonio Sotelo Arroyo trabaja en una iniciativa de reforma al Reglamento Interior de la Dirección Jurídica para establecer mecanismos que regulen y supervisen la labor de los asesores legales que son contratados por el Ayuntamiento para atender los asuntos laborales.
Actualmente estos abogados son externos y pareciera que están desde su casa llevan los asuntos que se supone, deben seguirse en coordinación y comunicación directa con el Departamento Jurídico del Ayuntamiento del que dependen.
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