Las deportaciones masivas procedentes de Estados Unidos sugieren un posible incremento de la inseguridad en la zona fronteriza, ya que los grupos del crimen organizado ven en los deportados una oportunidad para reclutar gente.
Testimonios revelan que las organizaciones criminales asentadas en Baja California aprovechan la situación vulnerable de los deportados para atraerlos a sus actividades ilícitas, pues son la “carne de cañón” que utilizan para nutrir sus organizaciones criminales
Según personas que han solicitado apoyo en el módulo Bienestar del gobierno federal, los deportados con mayor riesgo de caer en las garras de los grupos criminales son quienes no tienen familia ni conocidos en la zona fronteriza y enfrentan dificultades para establecerse o regresar a sus lugares de origen.
Durante su proceso de deportación, muchos de ellos son acechados por grupos criminales que buscan reclutarlos y ofrecerles dinero “rápido” mediante actividades ilícitas.
Actualmente, la Secretaría de Bienestar federal otorga a los deportados un apoyo económico de 2,000 pesos para cubrir gastos de primera necesidad.
Además, brinda alojamiento en albergues temporales situados en varios municipios del estado.
El albergue más cercano a Rosarito está en Flamingos, en la ciudad de Tijuana, a donde son canalizados los deportados que solicitan ayuda a las dependencias del gobierno local.
Analistas advierten que, sin un control y seguimiento de las deportaciones a nivel local, la inseguridad podría agravarse, ya que muchas de estas personas tienen antecedentes delictivos y son extremadamente vulnerables a caer en manos de organizaciones criminales.
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