Corrupción, el desastre incalculable: INEGI y CIDE

Por Juan Pablo Sebastián

México es el país de América Latina en donde más sobornos se pagan para poder acceder a servicios públicos, como educación y hospitales.

De acuerdo con una encuesta de Transparencia Internacional publicada por el Diario Milenio, el 51 por ciento de los entrevistados aseguró haber incurrido en esa práctica en los últimos 12 meses.

En la publicación detalla que México cayó además 28 lugares en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2016, al pasar de la posición 95 a la 123 de los 176 países del ranking.

Los especialistas advierten que México carece de una metodología para medir las diferentes formas de corrupción que existen, que las encuestas y sondeos son limitados, debido a que se trata de un fenómeno que ocurre en la clandestinidad y porque hay conductas que la sociedad todavía no identifica como hechos ilegales, como el conflicto de interés.

El soborno es el acto de corrupción del que más se ha podido generar estadística con las encuestas, según declaración de Óscar Jaimes Bello, Director General Adjunto de Desarrollo de Información Gubernamental, Índices e Indicadores del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La publicación revela que las diferentes encuestas del INEGI han reportado que 64.5 por ciento de las empresas consultadas considera que los actos de corrupción se producen para agilizar trámites, mientras que 39.4 por ciento señala que dichos actos se generan para evitar multas o sanciones; además, que las corporaciones de seguridad pública son las instituciones con las que los ciudadanos en México cometieron más actos de corrupción durante 2015, pues en 55.2 por ciento de los trámites que se realizaron hubo al menos un acto deshonesto.

Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, coincide en que el gran pendiente académico es cómo medir la gran corrupción.

“Una cosa es que la reporten, que la describan, y otra cosa es que podamos ver patrones sistemáticos y métricas de gran corrupción”, indica la publicación en Milenio.

Para él, “la gran corrupción, como la impunidad, no ha sido suficientemente estudiada y entendida; la tenemos en todas nuestras mesas, pero no hay una métrica consistente, lo mismo mezclamos administraciones, gobiernos, salientes y entrantes, hablamos de casos, de 40 mil millones”.

Proponer indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas de la política nacional contra la corrupción, es uno de los retos que deberá enfrentar el recién creado Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), de acuerdo con su ley general.

Necesario adecuar la Ley Nacional Anticorrupción

Al respecto, líderes empresariales locales coincidieron en la necesidad de impulsar las adecuaciones necesarias a la Ley Nacional Anticorrupción, que obliguen a la transparencia y rendición de cuentas de los gobernantes, y que castiguen severamente la corrupción.

El líder restaurantero Rosario Castillo Zeja, se pronunció por imponer castigos ejemplares a los funcionarios corruptos y establecer controles para evitar que realicen acciones en perjuicio del Erario.

“La corrupción está en todos los niveles del gobierno. Yo creo que es necesario aplicar sanciones como en países de oriente”, sostuvo.

Para el líder empresarial Rafael Crosthwaite Reyes, los castigos ejemplares ya se han aplicado recientemente a ex funcionarios de primer nivel e incluso gobernadores, pero no han sido suficientes para frenar el sistema de corrupción que hay en México y que comienza desde los ciudadanos.

Dijo que es necesario seguir presionando para que se realicen las adecuaciones necesarias a la Ley Nacional Anticorrupción que prevea todos los casos donde se puedan dar sobornos y actos ilegales desde el gobierno.

“Necesitamos presionar para que se vayan cerrando esos caminos de la corrupción, no dejar espacios para que los gobiernos puedan cometer actos de corrupción y eso lo podemos hacer con la Ley Nacional Anticorrupción”.

Para el empresario artesanal Edgar Orozco Zamora, el impulso de leyes anticorrupción debe ir acompañado de un rescate a la moral, a la ética y a la cultura de la legalidad.

“Tenemos que pensar en las nuevas generaciones, pero mientras no se trabaje en la ética y en el rescate de los valores, no vamos a avanzar mucho, no podemos dejar a las nuevas generaciones un gobierno más pobre y corrupto, necesitamos rescatar al País”, apuntó.