Por Juan Pablo Sebastián
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tendrá la última palabra en la resolución del conflicto territorial entre Rosarito y Ensenada, luego de la controversia constitucional que interpuso Ensenada en contra del Congreso del Estado por la expedición del Estatuto Jurídico Territorial que dio la razón a Rosarito.
Como algunos lo advertían, Ensenada hizo valer el último recurso legal que le queda para inconformarse con la decisión del Congreso del Estado que ratificó los límites territoriales históricos de Baja California, en un acto que para el asesor jurídico del Comité Pro Municipio José Luis Ibarra Arenas, es una muestra más de su desesperación.
“Yo lo veo como un acto de rebeldía de Ensenada, de no querer aceptar el decreto que definió los límites territoriales. Con la municipalización de San Quintín perdió mucho más territorio y ahí no dijo nada”, cuestionó el asesor jurídico.
La demanda que interpuso Ensenada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación es la 15/2020, misma que fue presentada el 11 de febrero del 2020 y admitida el 17 de marzo.
En ella reclama la invalidez del decreto 1 de las comisiones unidas de Fortalecimiento Municipal, de Justicia, y de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, mediante el cual se aprobó el Estatuto Territorial de los Municipios del Estado de Baja California, el 21 de noviembre del 2020.
También reclama la invalidez del decreto 15 mediante el cual se publicó el Estatuto Territorial en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 3 de enero del 2020.
De acuerdo con José Luis Ibarra Arenas, la controversia es directamente en contra del Congreso del Estado y el Ejecutivo, siendo Rosarito y Tijuana solamente terceros “interesados”, pues de los 168 kilómetros cuadrados que Ensenada peleaba, 34 fueron ratificados a favor de Tijuana y el resto a Rosarito.
El especialista consideró que la controversia constitucional tiene muy pocas posibilidades de éxito, pues lo que se reclama Ensenada no es de fondo sino de forma, es decir, el procedimiento jurídico que utilizó el Congreso del Estado para llegar a la expedición de Estatuto Territorial, más no los elementos técnicos, históricos o geográficos del propio proyecto.
“Y el fundamento jurídico es la orden que la misma Suprema Corte dio al Congreso de expedir el Estatuto Territorial. En otras palabras, el Congreso del Estado tiene como fundamento la orden que le dio la misma Suprema Corte para expedir el Estatuto Territorial. Es decir, reconoció al Congreso como la autoridad facultada para fijar los límites territoriales, elaborando como ya lo hizo, el Estatuto Territorial en base a los elementos técnicos, históricos, jurídicos, geográficos… que la misma Ley establece”, expuso José Luis Ibarra tras expresar su confianza en que la decisión de la Suprema Corte legitimará la resolución que ratificó los límites a favor de Rosarito.
Aunque Rosarito y Tijuana están siendo requeridos como terceros afectados, José Luis Ibarra dijo que es importante la gestión de las áreas jurídicas y de las sindicaturas de ambos municipios, para fijar un posicionamiento firme y defenderlo con los elementos de prueba necesarios.
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