Contradicen colectivos de búsqueda las cifras oficiales

Por Gerardo Díaz Valles

Activistas y representantes de varios colectivos de búsqueda de personas desaparecidas emitieron un pronunciamiento en contra de las cifras oficiales mismas que niegan que el número de desaparecidos sea el que aseguran estas organizaciones.

Rechazamos el Informe del presidente Obrador sobre la supuesta actualización de las cifras de personas desaparecidas porque sin transparencia desaparecen a las personas desaparecidas

Exigimos que el gobierno federal, los gobiernos de las entidades y las comisiones de búsqueda nacional y locales busquen a los más de 110 mil mujeres y hombres, jóvenes, niñas, niños y adolescentes entre ellos, desaparecidos en nuestro país

1. En el Informe presentado el pasado 14 de diciembre en la conferencia mañanera del presidente López Obrador sobre el supuesto Censo realizado por el gobierno federal a través de los Servidores de la Nación, violentando los supuestos establecidos en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, se miente acerca de que las personas desaparecidas registradas se reducen a 12 377.
2. La falta de transparencia en las cifras de personas desaparecidas presentadas, violando los principios establecidos en el artículo 5 de la Ley General de Víctimas, representa la ausencia de máxima protección, se criminaliza a las víctimas, se discrimina y se hace una victimización secundaria al descalificar la lucha de las familias con juicios de valor infundados.
3. Rechazamos dicho informe porque desaparece a los desaparecidos:

NO aceptamos que reduzcan a 12,377 las personas que dicen se ha confirmado su desaparición.

NO aceptamos su dicho de que no tienen datos suficientes para identificar a 26,090.

NO aceptamos que de 36,022 personas digan que no tiene indicios para buscarlas.

4. El presidente Obrador y sus subordinados desconocen la obligación legal que tienen como Estado mexicano y gobierno para investigar, a través de las fiscalías general y de las entidades, todos los datos suficientes y todos los indicios, para buscar, identificar y encontrar a nuestros seres queridos desaparecidos y desconoce las atribuciones legales de las Comisión Nacional de Búsqueda y las de las entidades para realizar dicha tarea.