Por Delia Ruelas
La comunidad de Santa Anita hace un llamado a los integrantes del Congreso y a los funcionarios de Rosarito para tener más cercanía y atención con la comunidad Santanitense, y así no caer en situaciones que afecten y lesionen su economía.
Esto tras el conflicto que se registró con una comerciante que poseía una carreta en el área de Alisitos, la mujer fue sancionada por inspectores de Regulación de Rosarito, pues no poseía permiso de dicha dependencia pero sí un permiso del Gobierno Municipal de Ensenada.
Cabe señalar que en diciembre de 2019 autoridades de Ensenada respaldados por el alcalde Armando Ayala Robles, instalaron una mojonera en los límites que Ensenada considera le corresponde, esta fue colocada cerca del poblado Carranza, además de la mojonera, fue instalada una pancarta con los nombres de los organismos empresariales y autoridades interesadas en la defensa del territorio.
Esto ha traído confusión a los pobladores de Santa Anita, así lo expresó la lideresa de la comunidad, la señora Brenda Pinto, quien señaló que sí existe un conflicto de territorio pues Ensenada al colocar su mojonera más allá de Alisitos hace que la gente considere que sus trámites (permisos para vender) son válidos hasta la zona de Alisitos. Mientras tanto el Gobierno Municipal de Rosarito menciona que sus límites llegan hasta el puente de la Misión, es decir tanto de un municipio como de otro están invadiendo, esto desde el punto de vista de cada municipio.
“El tema limítrofe ha acarreado muchos problemas a los pobladores además de confusión para saber realmente hacia a donde deberán realizar sus pagos de impuestos o solicitar los permisos de diversos trámites, es por ello que se les pide a los funcionarios llegar a la zona e informar a la gente qué hacer o a dónde acudir cuando estos requieran un trámite, lo que no se puede permitir es que los ciudadanos que luchan día a día para llevar el sustento a su casa tengan que realizar pagos a ambos Municipios con tal de no ser molestados y que los dejen trabajar”.
Indicó que los pobladores no tienen por qué sufrir las consecuencias de un problema territorial, prueba de ello fue el caso de la señora Azucena, a quien afectaron en su economía, pues al no hacerle válido su permiso pagado al municipio de Ensenada, la mercancía de la señora mermó.
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