Condenan que jueces liberen a delincuentes

Por Juan Pablo Sebastián

En medio de la sistemática serie de liberaciones de detenidos acusados de delitos graves, el Consejo Coordinador Empresarial y Comités Ciudadanos de Seguridad Pública de Baja California hicieron un llamado a los jueces federales y estatales, así como a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, para que realicen mejor su trabajo y cumplan con su principal  obligación que es servir a la sociedad.

La postura del sector empresarial bajacaliforniano y ciudadanos organizados ha sido difundida en desplegados en medios de comunicación donde solicitan entre otras cosas, homologar criterios y ampliar el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva, además de coadyuvar con la sociedad y el gobierno en la impartición de justicia.

La falta de esta homologación de criterios por parte de los jueces del Tribunal Superior de Justicia, ha traído como consecuencia una alta incidencia en la liberación de delincuentes, desatando una fuerte inconformidad y presión de las víctimas y la sociedad en general.

Algunas de las liberaciones más polémicas han quedado plasmadas en medios de comunicación.

El 5 de marzo la juez Tania Guadalupe Vega Gordillo liberó y no vinculó a  proceso a Miguel Ángel Aguilera Valadez, implicado en el secuestro de un empresario en Tijuana y quien fuera identificado plenamente por la víctima.

La fiscal argumentó que el acusado fue reconocido como la persona que vigiló al secuestrado durante los primeros días, y alegó que la Fiscalía no aportó mayores detalles sobre el papel del hombre de 24 años en la comisión del delito, por lo que ordenó su liberación y lo extrajo del caso, pese a que días antes la misma juez decretó la detención legal del acusado.

El mismo 5 de marzo, el Juez Adán Méndez Castro resolvió no vincular a proceso a Alfredo “N” “El Flaco”, acusado de participación o autoría en el delito de homicidio agravado por ventaja en el asesinato  de un ex policía municipal de Tijuana.

En este caso, el Juez determinó que carecía de pruebas periciales, tales como la de rodizonato de sodio, que permitiría demostrar que el imputado detonó el arma de fuego; o la pericial de balística, donde se establece una relación entre los casquillos encontrados en la escena del crimen, el localizado en la camioneta en que huyó Alfredo “N” y la carabina .223 Rem hallada en el interior de la cajuela del vehículo.

También el 5 de marzo, el juez Enrique Palacios Iniesta decretó ilegal la detención de los tres sujetos detenidos cuando presuntamente cargaban con droga una camioneta en las afueras del narcolaboratorio de la colonia Benito Juárez, y ordenó su liberación de forma inmediata.

En este caso el argumento fue que el Informe Policial Homologado era inverosímil.

Recientemente, otro juez decretó la liberación de los siete integrantes de una banda criminal detenida con armas de fuego en Primo Tapia por parte del Ejército Mexicano.

Sobre este caso,  las autoridades municipales no han conocido el argumento que presentó el juez.