Por Delia Ruelas
Mientras se resuelve la Acción de Inconstitucionalidad 119/2021, la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó la suspensión del Decreto promovido por el gobernador Jaime Bonilla para transferir los servicios de agua potable y drenaje a los municipios de Baja California.
El decreto se impugnó por la falta de análisis económico, financiero y administrativo, pues no hay la certeza de la viabilidad de que los Ayuntamientos cumplirán con las obligaciones impuestas en el Decreto, como lo es ofrecer el servicio de agua potable, alcantarillado, drenaje, tratamiento y disposición final de aguas residuales.
De acuerdo a la acción de inconstitucionalidad se considera que el decreto transgrede los derechos humanos de la población de Baja California y propicia un daño irreparable al derecho humano de acceso al agua, a los derechos humanos laborales y al principio de autonomía municipal.
Cabe señalar que la SCJN había otorgado una primera suspensión a los síndicos de los Ayuntamientos de Rosarito, Tecate y Mexicali, quienes habían promovido un recurso ante el máximo tribunal.
Cabe recordar que la acción de inconstitucionalidad fue presentada el 30 de julio por los diputados locales de Morena Araceli Geraldo Núñez, Juan Meléndrez Espinoza, Rosina del Villar Casas, Juan Manuel Molina García, Miriam Elizabeth Cano Núñez, Julia Andrea González Quiroz y Víctor Hugo Navarro, el priísta Javier Robles Aguirre, del partido local Transformemos Efrén Enrique Moreno.
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