Comité Pro Municipio Piden a regidores reflexionar su gestión y actuar como representantes populares responsables

Por Juan Pablo Sebastián

En la recta final del gobierno que encabeza Araceli Brown Figueredo y tras la aprobación de más de 2 millones de pesos para un baile popular con banda norteña, el Comité Pro Municipio solicitó a los regidores de MORENA reencauzar su gestión y actuar como representantes populares responsables.En un escrito dirigido a los integrantes del Cabildo que aprobaron la iniciativa, los ciudadanos condenaron el derroche de recursos para el baile popular y pidieron a los regidores reflexionar su gestión y conducirse de manera responsable.“Los suscritos, ciudadanos de Playas de Rosarito, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, nos dirigimos a ustedes de la manera más atenta y respetuosa, para demandar, en ejercicio del derecho que nos asiste como ciudadanos, realizar una profunda reflexión de la conducta facciosa con que se han conducido, en un ejercicio distorsionado de sus funciones como parte del IX Ayuntamiento, que consiste en la frecuente autorización de acuerdos y acciones contrarios al espíritu de la Ley y de las normas que delimitan las funciones el gobierno Municipal, que lesionan gravemente la Hacienda y el patrimonio municipal, desviando recursos económicos y humanos, en aras de cumplirle caprichos personales de quien al frente del poder ejecutivo se ha distinguido por actuar más como jefe de una facción y no como Presidente Municipal, en defensa de los legítimos intereses de la población”, indica el documento.El documento refiere el acuerdo de fecha de 25 de agosto de 2023, cuando en forma “irracional y automática”, la mayoría de los regidores de MORENA autorizaron gastar más de 2 millones de pesos para pagar a una banda musical que se presentará en los festejos del 50 aniversario de la colonia Ejido Mazatlán, bajo el argumento de que “el pueblo tiene el derecho humano de bailar y cantar.

Los firmantes critican que mientras las necesidades de la población crecen y las condiciones de precariedad en que vive más del 70 por ciento de la comunidad rosaritense se agudizan, el gobierno municipal se dedica a vulnerar derechos ciudadanos y a despilfarrar los recursos, en acciones que nada tienen que ver con impulsar el desarrollo y una mejor calidad de vida de la comunidad.“Es necesario notar que ninguna de las nueve funciones específicas que la Ley confiere a los municipios, incluye convertir al Gobierno Municipal en una empresa de espectáculos públicos. En cambio, el acuerdo se configura en un probable caso de administración fraudulenta, desvío y uso ilícito de recursos públicos, dado que, de conformidad, con el artículo 56 de la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público, y demás relativos, todas las dependencias, incluidas las que conforman el gobierno municipal, deberán ejercer el gasto público en forma planificada, programada y ordenada, con base a indicadores de gestión, que precisen en forma medible y verificable, el resultado de las erogaciones que realice el municipio”, agrega el documento.