Por Juan Pablo Sebastián
Un panorama complicado para las empresas en 2021 vaticinó el Presidente del Colegio de Contadores Públicos de Playas de Rosarito, Ángel Javier León Montellano, tras la histórica carga de impuestos establecidos en los últimos cambios a la legislación mexicana.
Aunado a los efectos de la prolongada pandemia, advirtió de graves contracciones a la economía por el cierre de definitivo de empresas que no podrán soportar los incrementos de impuestos y las restricciones sanitarias, trayendo como consecuencia incremento de los índices de desempleo.
Sin duda, consideró que la principal carga económica que tendrán las empresas en 2021 es el aumento del 15% al salario mínimo aprobado el 16 de diciembre del 2020.
Para la Zona Libre de la Frontera Norte, el aumento pasará de 185.56 a 213.39 pesos diarios y en el resto del país pasará de 123.22 a 141.70 pesos diarios, de acuerdo con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI).
“Este aumento provocará un costo elevado en la nómina de las empresas, pues se deberán ajustar los salarios de todos los empleados, de modo que un trabajador promedio estará ganando lo mismo o un poco menos que un empleado de puesto con mando medio, lo que provocará que a los jefes de departamentos se les incremente el salario por las diversas responsabilidades y obligaciones que conllevan dichos puestos”, explicó el experto.
Detalló que otro cambio aprobado el 8 de diciembre del año en curso por la Cámara de Diputados para la Ley Federal del Trabajo, es con respecto a los empleados que están con la modalidad de “home office” (trabajo a distancia o teletrabajo).
Esta nueva disposición obliga a los patrones a dotar de los medios, recursos y herramientas necesarias para que estos trabajadores cumplan con el trabajo, como equipo de cómputo, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros.
Los patrones deberán asumir los costos derivados del trabajo como el pago de servicios de telecomunicación (internet) y la parte proporcional de electricidad, implementar mecanismos que preserven la seguridad de la información y datos utilizados, respeto al derecho a la desconexión y, por último, establecer mecanismos y capacitación adecuada para el uso de las tecnologías de la información y comunicación.
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