Por Juan Pablo Sebastián
Tras la denuncia pública y la protesta que hicieron ante el Gobernador Jaime Bonilla Valdez, locatarios de Quinta Plaza afectados por el cierre del acceso a la plaza, fueron atendidos por la alcaldesa Araceli Brown Figueredo el lunes 8 de febrero.
Reunidos en la sala de Regidores, alrededor de 10 dueños de locales expusieron de viva voz los problemas que sufren debido a una serie de atropellos cometidos por quien se auto proclama administrador único.
Tras escuchar las quejas de cada uno de los afectados, la alcaldesa Araceli Brown Figueredo se comprometió a servir de enlace para atender sus demandas, pues aclaró que algunos temas no son de su competencia directa, sobre todo la introducción de servicios básicos como el agua potable.
Sobre la obstrucción del acceso principal en donde el acusado inició la construcción de una jardinera sin permiso, la titular de Control Urbano Cristina Mora Ortiz, anunció que solicitaría información al Registro Público de la Propiedad y Comercio para conocer las condiciones en que se inscribió el terreno de la plaza y así determinar si la obra está de manera irregular sobre un área común.
Hasta en tanto no se tenga esa información y se analice la conformación de la Administración de la plaza bajo el Régimen de Propiedad en Condominio, el Ayuntamiento no podrá promover la demolición de la obra, por tratarse de propiedad privada.
Los afectados señalaron además que la obstrucción del acceso está ocasionando pérdidas económicas a los pocos negocios que sobreviven, entre ellos la purificadora de agua que sufrió una caída de más del 50% en sus ventas, además de la gasolinera que anunció una defensa legal en contra del responsable.
Por otro lado, los locatarios pidieron a la Alcaldesa garantizarles su seguridad ante los hostigamientos e intimidaciones que reciben de parte del acusado, quien se hace rodear de escoltas.
Respecto a este último punto, la Alcaldesa solicitó información a través de su red de WhatsApp respecto al grupo de escoltas que tiene el acusado.
La información que le dieron es que los escoltas fueron contratados en Ensenada.
La Alcaldesa informó a los locatarios que los guardaespaldas incurren en un delito si están fuera de su trabajo y no está con ellos la persona a quien cuidan.
Por lo pronto, los afectados están solicitando a la CESPT la introducción del agua potable con medidores individuales para cada negocio, pues el acusado pretende instalar un medidor único, controlado por él mismo.
También pidieron la intervención de la Alcaldesa para la introducción de los demás servicios básicos que el acusado les quitó, como internet, telefonía y cable.
Atinada fue la intervención que realizó el Ayuntamiento tras la rehabilitación del camellón central sobre…
El Gobierno del Estado anunció diversos proyectos entre ellos, la construcción de la planta desalinizadora…
El equipo rosaritense de básquetbol “Cochilokos” se coronó campeón de la copa Zonkeys Tijuana, tras…
El secretario de desarrollo económico y turismo Irán Leonardo Verdugo Contreras reconoció la disposición de…
Una traba se ha interpuesto a los residentes de Primo Tapia quienes buscan la construcción…
El líder inmobiliario Juan Carlos Gutiérrez Soto consideró inviable la iniciativa del diputado Jaime Eduardo…