Por Juan Pablo Sebastián
Con 20 votos a favor y 2 en contra, la 23 Legislatura del Congreso del Estado, aprobó el Estatuto Territorial de Baja California que da la razón a Rosarito en el conflicto territorial con Ensenada, terminando así con 18 años de omisión legislativa y cumpliendo con un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Luego de seis mesas de trabajo técnico de las comisiones unidas, donde los municipios involucrados tuvieron la oportunidad de exponer argumentos y observaciones al proyecto, el jueves 21 de noviembre el pleno del Congreso del Estado finalmente aprobó el Estatuto Territorial, que ratificó los límites existentes entre Rosarito y Ensenada, además de las colindancias del Estado y los límites entre los demás municipios.
Las diputadas ensenadenses Miriam Cano Núñez y Claudia Agatón Muñiz, fueron las únicas que votaron en contra, en medio de abucheos de los integrantes del Comité Pro Municipio de Rosarito que acudieron a presenciar el desarrollo de la sesión, representados por el presidente Jorge Roberto Villanueva Ulibarri y el asesor jurídico José Luis Ibarra Arenas.
Con argumentos inverosímiles, ambas diputadas dejaron claro que su postura en contra respondió a los intereses de los ensenadenses a quienes geográficamente representan, lo que desató molestia e indignación de los presentes que apoyaron a Rosarito.
La diputada Miriam Cano dijo que su voto en contra fue porque no se tomaron en consideración “hechos históricos como fue el decreto de 1925 donde se establecía que el paralelo 32 10 era el límite entre Rosarito y Ensenada”, poniendo en duda el intenso trabajo técnico de la SIDUE, órgano de consulta oficial del Congreso del Estado.
“En este momento no me cuadran los números en cuanto a los kilómetros cuadrados que tiene Ensenada, siguen haciendo falta 172 kilómetros cuadrados para Ensenada. El trabajo técnico de SIDUE no estuvo bien hecho o no contempló el decreto de 1925, en donde establecía el paralelo 32 10 como límite con Rosarito”, sostuvo entre abucheos la diputada ensenadense.
En tanto que la diputada Claudia Agatón mencionó que no se siguieron con las formalidades del procedimiento.
El diputado Juan Manuel Molina García, en su calidad de presidente de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, aclaró a las diputadas que el Estatuto Territorial es resultado de un largo trabajo técnico con argumentos apegados a la legalidad y reconocidos oficialmente.
También les recordó que el conflicto entre Rosarito y Ensenada se generó por la omisión del Congreso del Estado de 18 años sin expedir el Estatuto Territorial y que ahora tenían la obligación de hacerlo por mandato de la SCJN.
“El Estatuto dará seguridad jurídica no solo a los rosaritenses, sino a todos los bajacalifornianos”, sostuvo entre aplausos de los rosaritenses.
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