Por Juan Pablo Sebastián
El Secretario para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua de Baja California (SEPROA) José Armando Fernández Samaniego, anunció una inversión de 200 millones de pesos de recurso federal y estatal para la construcción de una nueva planta tratadora de aguas negras en San Antonio de los Buenos.
En teoría, esta nueva planta promete erradicar el 90% de la contaminación de la playa en la zona costa.
De acuerdo con Fernández Samaniego, las costas de Rosarito se ven afectadas por la contaminación de dos fuentes, una procedente de San Antonio de los Buenos en Playas de Tijuana y otra de la planta tratadora de Rosarito.
Esta última ha estado funcionando de manera correcta en las últimas fechas, aunque con algunas fallas eventuales que son reparadas oportunamente.
Sin embargo, la otra fuente de contaminación requiere una inversión millonaria para la construcción de una nueva planta capaz de tratar las aguas negras procedentes de Tijuana en San Antonio de los Buenos, que generan el 90% de la contaminación del mar.
Es para esta zona donde se aprobó un recurso de más de 200 millones de pesos para la construcción de una nueva planta tratadora.
“Se trata de un proyecto a fondo perdido de más de 200 millones de pesos procedentes del gobierno federal, donde el gobierno del estado hará su aportación, para trabajar juntos en atender este problema, vamos para iniciar este mismo año la licitación y contratación”, expuso el funcionario.
Respecto al otro 10% de la contaminación del mar, Fernández Samaniego dijo que proviene de las descargas clandestinas de fraccionamientos, empresas o asentamientos humanos en diferentes puntos de la ciudad.
En este caso, aclaró que corresponde a CONAGUA verificar la calidad de las descargas y tomar las acciones pertinentes para proceder contra los entes contaminantes.
“CONAGUA que es el órgano federal encargado de revisar las descargas al mar o arroyos. Estamos en comunicación con ellos y les estamos pidiendo que estén haciendo análisis constantes de la calidad de las descargas que ellos tienen concesionadas, tanto a particulares como al mismo gobierno, que estén revisando su calidad y tratar de regular la parte que le corresponde al gobierno, por la parte que le toca a las empresas, son CONAGUA y SEMARNAT las que deben tomar hacer las acciones correspondientes en contra de cada una de esas empresas que tengan concesiones de descarga al mar o arroyos”, indicó.
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