Alcaldesa tiene la llave para detener la planta desaladora

Por Juan Pablo Sebastián

El representante del Comité Ciudadano Metropolitano de Defensa del Agua, Juan Loperena Núñez, advirtió que llevaran hasta las últimas consecuencias el movimiento de resistencia social en contra de la instalación de la planta desalinizadora en Rosarito.

Invitado con el grupo Madrugadores, el miércoles 27 de junio, el líder social lanzó una firme reflexión a la alcaldesa Mirna Rincón Vargas, capaz de catapultarla con la indignación de la comunidad rosaritense o hacerla merecedora del respeto que aún no ha logrado.

“Ella tiene las llaves para que las playas de Rosarito se mantengan limpias o para que se contaminen. Ella es la que tiene el poder de decidir”, sostuvo Juan Loperena en alusión a los permisos de uso de suelo y construcción que le corresponde expedir al Ayuntamiento para la instalación de la planta desalinizadora.

“Nos ha dicho que hasta ahora no ha entregado ningún permiso, pero no sabemos si eso es cierto, porque no tenemos ninguna información al respecto”, reprochó.

Precisamente por esta falta de información y la presunción de irregularidades en el proyecto, el área jurídica del Comité Ciudadano de Defensa del Agua promovió un amparo solicitando que un juez federal revise la legalidad en la actuación de las autoridades involucradas en el proyecto.

“El amparo es para solicitar la protección de la justicia federal por las posibles afectaciones en la instalación de la planta desaladora y que el Juez revise si los procesos de contratación y de asociación público privadas se realizaron conforme a la ley, que revise si las autoridades ambientales actuaron conforme a las leyes y normas ecológicas y si el municipio  ha cumplido con las  consultas públicas que marca el artículo 115 respecto a la participación ciudadana”, sostuvo la abogada Blanca Nieves Álvarez Dorado, tras agregar que el recurso legal marcha bien y no dudó que pueda llegar hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

A la par de la defensa jurídica, el Movimiento promueve una lucha civil con el apoyo de los grupos organizados, colegios de profesionistas y la comunidad en general.

“Estamos invitando a los grupos sociales para que nos apoyen y fortalezcan este movimiento. Vamos a iniciar una campaña de información para que la ciudadanía conozca el tema y nos apoye. Lo principal que estamos demandando es que la autoridad nos brinde toda la información que requerimos sobre la planta, que la empresa le conteste al juez en qué condiciones se hicieron los tramites, porque ni ellos ni el gobierno nos ha dado información del proyecto”, sostuvo Juan Loperena.