Graves consecuencias tanto económicas incluso cárcel es lo que podría aplicarse a tras el derribo, poda o traslado sin permiso de árboles en espacios públicos, pero es necesario la voluntad política y supervisión de las autoridades locales.
Ante ello la asociación ecologista Nación Verde, liderada por Octavio López, hizo un llamado a la ciudadanía para informarse por el derribo de árboles.
El director de Nación Verde, informó que en Baja California existen normativas estrictas en materia ambiental, tanto a nivel municipal como estatal, que sancionan con multas económicas e incluso con cárcel a quienes dañen un árbol sin la debida autorización.
El activista detalló que la ley estatal contempla penas de hasta siete años de prisión y multas que superan las 2,500 UMA´s (Unidades de Medida y Actualización), por lo que exhortó a la población a acudir al Ayuntamiento para solicitar un dictamen antes de intervenir cualquier árbol.
Lamentablemente, muchas personas enfrentan problemas con especies que fueron mal colocadas en zonas urbanas, como pinos o eucaliptos, que al crecer afectan viviendas, banquetas o redes eléctricas, por lo que su manejo debe evaluarse desde una perspectiva técnica y legal.
“Hay árboles que sí son un riesgo y que pueden derribarse, pero lo importante es hacerlo conforme a la ley, de ahí que en Nación Verde realizamos dictámenes técnicos y damos asesoría a quienes requieren regularizar su situación”, indicó.
Por ello, lo más recomendable es optar por especies nativas o frutales de menor altura, como cítricos, duraznos o mezquites, que pueden adaptarse mejor a los espacios reducidos y no representan un peligro estructural, además de aportar sombra, alimento y beneficios ambientales.
Cabe señalar que en días pasados gracias a la presión ciudadana a través de las redes sociales, se multó a una empresa constructora bajo el Reglamento de Protección al Medio Ambiente del Municipio, por la tala no autorizada de 14 árboles, la multa fue superior a los 70 mil pesos, lo que demuestra que la ciudadanía puede exigir y coadyuvar para que se apliquen los reglamentos en cuestión de medio ambiente e impacto ecológico.
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