Por Juan Pablo Sebastián
Tras dos semanas de permanecer cerrados los accesos de la Escénica a la ciudad y con el antecedente de una queja ante la CNDH por violar el libre tránsito, el Ayuntamiento retiró los muros de concreto para abrir nuevamente la circulación de vehículos.
La medida fue aplicada a partir del lunes 8 de junio a través de la Secretaria de Administración Urbana y por instrucciones de la alcaldesa Araceli Brown Figueredo, quien en un comunicado, declaró que la reapertura es el resultado de la “obediencia civil ante el presente toque de conciencia, a fin de evitar un ascenso en la curva de contagios del virus Covid-19”.
Apenas el 1º de junio, la regidora independiente Ornela Rueda Méndez interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en contra del Ejecutivo Municipal por la violación al derecho de libre tránsito, que promovió con el cierre de los accesos principales a la ciudad.
El fundamento de la queja es porque no se tomó esa decisión sin haberse decretado el “Estado de Excepción” o la Suspensión de Derechos”, misma que debe ser declarada por el Presidente de México con la aprobación del Congreso de la Unión, en base al Artículo 29 Constitucional.
El Artículo 29 constitucional expresa textualmente lo siguiente: En los casos de invasión, perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto, solamente el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviere reunido, podrá restringir o suspender en todo el país o en lugar determinado el ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente, rápida y fácilmente a la situación; pero deberá hacerlo por un tiempo limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Si la restricción o suspensión tuviese lugar hallándose el Congreso reunido, éste concederá las autorizaciones que estime necesarias para que el Ejecutivo haga frente a la situación; pero si se verificase en tiempo de receso, se convocará de inmediato al Congreso para que las acuerde.
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