Tuvieron que intervenir la Procuraduría de los Derechos Humanos de y Ecos de Rosarito, para que Jesús Olivares Favila y María Cándida Aranda Ramírez recuperaran a su hija Sarahit Alejandra de seis años de edad, de manos de la Subprocuraduría para la Defensa del Menor y la Familia del DIF estatal, que se las había quitado por tenerla viviendo en una humilde casa de madera.

Gracias a esta recuperación, la PDH y Ecos de Rosarito obtuvieron un fiel testimonio de los severos daños emocionales y de salud que sufren los niños que son enviados al albergue de Tijuana después de ser retirados de sus padres por el subprocurador encargado de promover la unión familiar Luis Sergio Silvestre Meraz.

Dos semanas "albergada" en el DIF fueron suficientes para que Sarahit cambiara por completo. Según sus padres, ahora es mucho más temerosa con la gente que no conoce, incluso llegó a llorar cuando Ecos de Rosarito y un representante de la PDH la visitaron en su nuevo domicilio en la colonia Puesta del Sol.

"Es que piensa que se la van a llevar. Cuando ve una patrulla se mete corriendo a la casa porque cree que vienen por ella, como fueron policías los que se la llevaron".

"Tiene miedo porque en el albergue no la trataban bien. Cuando la vamos a bañar nos pide llorando que con agua calientita. Se fue muy bien, pero regresó con gripa, tos y calentura".

"Antes no tenía salpullido. Ahora tiene muchos granitos en todo el cuerpo, seguramente porque le ponían ropa sucia, ya que no dejaron que se pusiera la que le llevamos nosotros".

"No ha podido dormir desde que llegó. Siempre se levanta en la noche gritando y llorando", comentaron sus padres en una visita de Ecos de Rosarito a su nuevo hogar que tienen prestado después de dejar la casa de madera.

Contentos de tener a su hija nuevamente junto a ellos (quien a sus seis años de edad realiza sorprendentes dibujos y está por iniciar su educación primaria en el próximo ciclo escolar), narraron las consecuencias que han sufrido a raíz de este acontecimiento provocado por la "insensibilidad" del sub procurador Luis Sergio Silvestre Meraz.

Ella, perdió su trabajo de empleada doméstica por las vueltas que tuvo que dar para recuperar a su hija. El, se quedó sin un centavo para continuar buscando trabajos de albañilería.

Aunque el tiempo y el dinero perdido en este asunto ya no lo recuperarán, por lo menos piden que se castigue a este funcionario que así como a ellos, ha hecho sufrir a muchas personas más con sus malos tratos y burlas.

Incluso, dijeron que el día en que les regresó a la niña les expresó que a veces es necesario actuar de una manera estricta con los padres para que se responsabilicen de sus hijos.

Los afectados también piden castigo a los funcionarios de las dependencias y organismos gubernamentales que en lugar de agilizar su lucha por recuperar a su hija, se la obstaculizaron.

Uno de ellos es el Instituto Federal Electoral sección Rosarito, donde no les aceptaron a los dos testigos que llevaron para tramitar su credencial federal y los mandaron a la oficina de CORREOS, donde también les negaron la identificación argumentando que el acta de nacimiento que llevaban estaba muy vieja.

Ante la intervención de Ecos de Rosarito acordaron recibírsela, pero al día siguiente les dijeron que no era posible darles una credencial porque no llevaban copia del comprobante de domicilio.

Por estos hechos los afectados iniciaron una queja en la PDH Rosarito, advirtiendo que la continuarán hasta que se emita la recomendación en contra de los funcionarios que participaron en esta injusticia, principalmente la trabajadora del DIF estatal Ana Rosa Ocampo Osuna, que fue quien pidió al juez quitarles a la niña por tenerla viviendo en una casa de madera.