Rosarito

Rosarito

Informa Sindicatura estatus de asunto de los límites territoriales

2017-06-16 00:00:00

Por Juan Pablo Sebastián


El Coordinador Jurídico del Ayuntamiento, José Palomino Castrejón,  defendió el trabajo del Ayuntamiento en la defensa de los límites territoriales y responsabilizó  del retraso al Congreso del Estado, por no tener la voluntad de resolver el problema.


Al ser cuestionado por el Comité Pro Municipio sobre la pasividad del Ayuntamiento en la defensa de los límites territoriales, Palomino Castrejón respondió que el Ayuntamiento a través del Departamento Jurídico y de la Sindicatura Municipal ha hecho su parte en esta lucha, y que si no ha resuelto es por causas ajenas al trabajo que le compete al Ayuntamiento de Rosarito.


A nombre de la Sindicatura Municipal, el titular del departamento Jurídico informó al Comité Pro Municipio el estado que guarda la demanda que se procesa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y despejó ciertas dudas respecto a temas como el gasto en despachos jurídicos y las aportaciones del Ayuntamiento de Rosarito para abonar en la solución del conflicto.


Sobre estos últimos puntos, aclaró que actualmente el Ayuntamiento no paga un solo peso a despachos jurídicos en la Ciudad de México,  para atender la demanda que se procesa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.


Respecto a los 750 mil pesos aprobados por el Cabildo durante el gobierno del Silvano Abarca Macklis, precisó que fueron para dar seguimiento a la demanda por omisión legislativa, puesta el año pasado ante la SCJN.


En su exposición, hizo una breve reseña de la defensa de Rosarito en el conflicto territorial con Ensenada, desde que en agosto del 2016 presentó la Controversia Constitucional ante la SCJN, en contra del Congreso del Estado por omisión legislativa, al no expedir el Estatuto Territorial del Estado de Baja California.


En la misma Controversia solicitó la suspensión de los actos de autoridad que Ensenada venía ejerciendo en territorio rosaritense, misma que fue negada en agosto de ese mismo año, no así la Controversia Constitucional que fue admitida e iniciada el 22 de agosto del 2016.


El 2 de septiembre del 2016 Rosarito presentó un “recurso de reclamación”, en respuesta a la negativa de la SCJN de aceptar imponer a Ensenada las medidas cautelares solicitadas, que finalmente no tuvo efecto porque el 8 de febrero del 2017 la SCJN declaró procedente pero infundado el recurso planteado.


Desde entonces, Rosarito continuó aportando los requerimientos de información y elementos de prueba solicitados por la SCJN en el procesamiento de la Controversia Constitucional.


Por su parte, el 17 de noviembre del 2016 Ensenada promovió una controversia constitucional solicitando la suspensión de los efectos y consecuencias del dictamen 137 y decreto 684 del Congreso del Estado que obligaban a Ensenada a “transferir y dar posesión al Ayuntamiento de Rosarito de las oficinas, archivos y documentos destinados a los servicios públicos municipales”.


El 28 de noviembre del 2016, la SCJN admite y da trámite a esta demanda, señalando que respecto de la prueba pericial topográfica planteada por Ensenada “se acordara lo conducente”, a la cual se opone Rosarito mediante un oficio enviado por la alcaldesa Mirna Rincón Vargas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.



Una vez agotados los recursos y las solicitudes de información y pruebas de la SCJN, Palomino Castrejón dijo que solo queda esperar los términos en que venga la resolución para poder actuar en consecuencia.

BOLETÍN
Nombre:


Correo:


 

 

Lo más visto